Justicia Virtual

Bogotá, D.C., miércoles 6 de abril de 2022. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, señaló en una audiencia del Senado de la República las razones por las cuales la corporación apoyó la presentación del proyecto de ley 325 de 2022, el cual busca mantener la permanencia del Decreto 806 de 2020 que le dio paso a la justicia virtual y digital, en medio de la pandemia del Covid-19.

El presidente del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria advirtió que es importante que el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley con el fin de que se puedan mantener como legislación permanente los cambios que trajo el Decreto 806, el cual expira en dos meses.

El magistrado Quiroz recordó que la pandemia no ha terminado, que aún existe el riesgo de contagio y dijo, además, que es importante tomar las mejores decisiones para el usuario -que hasta ahora no se ha manifestado en contra de la virtualidad en la justicia- y agilizar la prestación de la función judicial.

El presidente de la Corte precisó que esto no significa que no se deba trabajar más adelante en ajustes para la justicia virtual. “Dejemos este decreto como legislación permanente y sigamos discutiendo los ajustes necesarios que hay que hacer”, señaló ante la Comisión Primera del Senado.

Para poder presentar una reforma en el próximo semestre, verificando todos los diagnósticos, el magistrado dijo que se han constituido mesas de trabajo lideradas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, en las que se ha recogido información muy valiosa sobre la justicia virtual. Esto, “con el fin de que se puedan hacer más adelante los ajustes que necesita no solo el Decreto 806 de 2020 sino también el Código General del Proceso”.

En este sentido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia convocó a una amplia discusión democrática en busca de la gran reforma a la justicia, en la cual participen activamente las organizaciones y sindicatos de la Rama Judicial, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, los colegios de Jueces y Fiscales del país y todos los actores sociales y grupos de interés en el sistema judicial y el derecho.

Fuente: Corte Suprema de Justicia