Deforestación en el Parque de Chiribiquete

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Reynaldo Quebrada Quilcué, considerado como el supuesto mayor auspiciador de la deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, una zona de especial protección ambiental y considerada por la Unesco como patrimonio natural y cultural de la humanidad.

“La investigación da cuenta de que, supuestamente, incentivó a la comunidad para que torturara emocionalmente, golpeara y amenazara de muerte al uniformado. De igual manera, hay evidencia de que fue la persona que obligó al militar a grabar una prueba de supervivencia y a firmar un documento en el que aceptaba recibir latigazos para quedar en libertad”, dijo la Fiscalía.

Sobre este tema hay polémica entre defensores de derechos humanos pues se denunció que el soldado entró a un resguardo donde están prohibidas las armas por lo que Quebrada le abrió un proceso tradicional y lo sancionó a recibir latigazos.

La Comisión Colombiana de Juristas condenó la captura del gobernador indígena.

Le puede interesar:

Respecto a los posibles daños a los recursos naturales la fiscalía señaló que el hoy procesado, como gobernador de una comunidad indígena en la vereda El Triunfo, en San Vicente del Caguán, habría promovido, dirigido, facilitado y financiado la quema y corte de amplias extensiones de bosque y vegetación.

“Los sistemas de monitoreo indican que en el lugar en el que reside Quebrada Quilcué y en sus inmediaciones, donde están asentados el cabildo y otras personas, han sido deforestadas más de 33 hectáreas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. De otra parte, se estableció que incumplía una orden impuesta por un juez de control de garantías que, en septiembre de 2021, le prohibió entrar al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, luego de ser capturado por invasión de área protegida”, señaló la entidad.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Reynaldo Quebrada Quilcué los delitos de: secuestro extorsivo; promoción y financiación de la deforestación; financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

Fuente original