El pasado lunes fue asesinado otro líder social, Miguel Antonio Gutiérrez de 40 años en el municipio de Cartagena de Chairá, en el departamento de Caquetá, así lo denunció la Confederación Nacional de Acción Comunal.

Al parecer, los hechos ocurrieron en horas de la noche cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda de Gutiérrez y le dispararon en varias oportunidades.

Algunas organizaciones delincuenciales de esa zona del país lo habrían amenazado en los últimos 6 meses.

Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años, ya había alertado de amenazas a su vida, desde los últimos seis meses. Sin embargo, según la Confederación Nacional de Acción Comunal las garantías nunca le fueron dadas. En Cartagena Del Chairá existen 219 Juntas de Acción Comunal: 31 son urbanas y las demás son rurales. Gutiérrez sería el tercer miembro de la organización asesinado en el mes de enero.

Frente a la preocupante situación la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno Nacional con respecto a la constante situación de amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Tan solo en la primera semana de 2019 se registraron seis homicidios en el país. El Ministerio Público solicitó que tanto la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, como la sociedad civil y algunas organizaciones sociales evalúen el panorama nacional y empleen, con la mayor brevedad posible, garantías para esta población.

El procurador general, Fernando Carrillo, le pidió este miércoles al Gobierno que convoque “de manera urgente” la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se creó a partir del acuerdo de paz con las Farc para desmantelar a los grupos armados responsables de los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de esa guerrilla.

Carrillo dice que esa comisión debe evaluar las amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos y tomar medidas para, entre otras cosas, mejorar los esquemas de protección y la estrategia para desmantelar las redes criminales que atentan contra los representantes sociales.

“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del ‘Pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos’, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó (Antioquia), sigan sin cumplirse”, afirmó el Procurador, para quien es claro “el fracaso de los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones”.

La Comisión de Garantías de Seguridad fue creada el 3 de febrero del 2017 a partir del Decreto Ley 154. De ella hacen parte representantes del Gobierno, delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y de organizaciones sociales.