Premio colombiano en derechos humanos marca camino para la paz

Premio colombiano en derechos humanos marca camino para la paz

Por Constanza Vieira


BOGOTÁ, 7 sep (IPS) – La última vez que la colombiana Jackeline Rojas concentró la atención de las agencias humanitarias fue en noviembre, cuando un grupo copó su casa y aterrorizó a su familia. Este viernes 7 recibió el reconocimiento “A toda una vida”, principal categoría del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.

El galardón, que se concede por primera vez, destaca el valor, la presencia y perseverancia de los activistas humanitarios de Colombia.

Los otros dos premios fueron para la abogada de derechos humanos Judith Maldonado, como “Defensora del año”, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, acreedor a la “Experiencia colectiva del año”.

Este viernes 7 en Bogotá se realizó la ceremonia de entrega de estos reconocimientos instituidos por la plataforma Diálogo Inter Agencial en Colombia (DIAL), que reúne a organizaciones no gubernamentales internacionales, casi todas de o rigen europeo, que trabajan en este país andino.

Judith MaldonadoLa “Defensora del año” litiga a favor de indígenas, campesinos, sindicalistas, mujeres, jóvenes y comunidades organizadas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, así como del Derecho Internacional Humanitario en el Magdalena Medio y los nororientales departamentos de Santander y Norte de Santander.Para ello, con otras mujeres abogadas, Maldonado creó el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. Además promueve una escuela de formación en derechos humanos.

El jurado internacional del premio tuvo una tarea difícil, al tener que escoger entre 28 postulaciones altamente meritorias.

El homenaje busca disminuir la estigmatización y legitimar la labor de los defensores, apunta DIAL, integrada entre otras por Diakonia Suecia, la organización británica Christian Aid, la Consejería en Proyectos, con sede en Dinamarca, el Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam, la alemana Diakonie Katastrophenhilfe, Lutheran World Relief y la red global HelpAge International.

Rojas es directiva de la Organización Femenina Popular (OFP), que surgió en 1972 en el puerto petrolero de Barrancabermeja, sobre el río Magdalena en el convulsionado centro del país, como una iniciativa de mujeres para compartir gastos de alimentación mediante “ollas comunitarias”.

Barrancabermeja es cuna del sindicalismo en Colombia, y las huelgas obreras del petróleo propiciaron allí una cultura radical popular.

Quizá por eso el añejo enfrentamiento armado interno también se le vino encima a esta ciudad. Al menos una veintena de sus barrios se formaron con desplazados de sus hogares, especialmente de zonas rurales. Al recorrerlos y hablar con sus pobladores, se puede reconstruir la historia de la guerra en el Magdalena Medio desde 1980.

La guerra cambió no solo la fisonomía de Barrancabermeja, sino la de la OFP, que se diversificó y consolidó, plantándole cara a todos los bandos de la contienda, ya sean los paramilitares de ultraderecha aliados de la fuerza pública como las guerrillas de izquierda.

Hoy, son 3.000 mujeres que inciden en una población de más de 170.000 personas.

Rojas, de 48 años, es madre de dos hijos, el joven Andrés y Mayra, una niña discapacitada. Está casada con Juan Carlos Galvis, trabajador de la empresa Coca-Cola y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal).

 

“Ella lleva en la OFP la mitad de su vida, ha crecido en la organización, se ha hecho allí, se ha formado como ciudadana, lo que ahora se le reconoce”, destacó para IPS la activista Pilar Rueda, delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres en la Defensoría del Pueblo (ombudsman).

Las mujeres de la OFP “tienen la memoria de todo lo que ha pasado en la zona y a ellas, en particular. Son las que siempre han evidenciado la crisis humanitaria y de derechos humanos de la región”, subrayó.

Agregó que “mucho se ha conocido a través de la OFP, algo muy meritorio y necesario, una ganancia para lo que se avecina, que es la solución política negociada”.

“L

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)

Creado hace 32 años, fue arduamente perseguido por el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), que puso la inteligencia estatal a escudriñar ilegalmente incluso los espacios privados de sus integrantes, sin lograr jamás una prueba en su contra.

El Cajar defiende a víctimas de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos, y litiga tanto en la jurisdicción nacional como en la internacional en casos de desaparición forzada de personas, masacres, tortura, violaciones sexuales como arma de guerra, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas o arbitrarias.

Es filial de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, además de contar con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos.

a OFP ha sido una referencia muy importante en las peores circunstancias, porque le ha mostrado a la gente alternativas de protección y de acción; de no paralizarse sino de seguir tercamente con los proyectos, vinculando a más mujeres, cuestionando el modelo regional, haciendo propuestas”, indicó Rueda.

“Su resistencia activa a la violencia las convierte, a ellas y a otras organizaciones locales, en la conciencia crítica que la sociedad tiene que tener en cuenta frente acualquier solución al conflicto armado, de cómo debe hacerse la paz, que no es a cualquier precio, sino con respeto a los derechos humanos, a los procesos sociales, generando autonomía desde lo local”, concluyó.

Por su parte, el sacerdote católico Francisco de Roux rememoró que recorrió con Rojas “los pueblos del Magdalena Medio, invitando a las mujeres de la región a participar en los procesos de paz”.

“Siempre la vi poniendo el alma, acompañando momentos muy difíciles de sus compañeras, incluso asesinatos. Tomaron una opción de paz radical”, destacó ante IPS este provincial de la Compañía de Jesús (jesuitas), fundador y director por más de una década del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Apuntó que “fue ella quien, con Yolanda Becerra (expresidenta de la OFP), lanzó el eslogan ‘las mujeres no parimos hijos para la guerra, sino para la vida’”, un lema que se repite hoy por toda la geografía del país.

“En los últimos años la han molestado los paramilitares. Le hicieron un allanamiento muy abusivo en su casa”, precisó.

De Roux se refiere a que en la noche del 9 de noviembre de 2011 una pareja armada y con el rostro cubierto penetró violentamente en el hogar de Rojas en Barrancabermeja. Ese día hubo en esa ciudad una protesta obrera en la que participó Sinaltrainal, y que fue reprimida por la policía antimotines.

Los intrusos le pusieron una pistola en la cabeza a la niña, amenazando con matarla, y condujeron a la madre a otra habitación. Allí, en medio de insultos, preguntando por su hijo y su esposo, la amarraron y amordazaron, le pintaron el rostro, cabello, cuerpo y ropas con aerosol de pintura roja.

También embadurnaron paredes, cuadros y fotografías con palabras soeces y registraron la casa, robando únicamente dos computadores portátiles, memorias USB, celulares y documentos del líder sindical Galvis.

El ataque “obedece a inteligencia militar por la manera como actuaron”, declaró el Sinaltrainal.

Aunque el Cuerpo Técnico de Investigaciones (policía judicial) de la Fiscalía General de la Nación acudió esa misma noche y constató la escena, al día siguiente ese organismo no aceptó la denuncia de Rojas y la acusó de inventar los hechos y le exigió pruebas.

Las autoridades civiles y policiales se comprometieron a reforzar la seguridad de la pareja, pero las medidas nunca llegaron y la familia finalmente tuvo que mudarse.

Para el propio Galvis, Barrancabermeja “sigue controlada por el paramilitarismo, asestando golpes de manera individual”.

Pero sin dudas que 2003 fue unos de los años más nefastos para la hoy galardonada. Un grupo de paramilitares asesinó a su hermano, Jesús Rojas, y su esposo sobrevivió a un atentado.(FIN/2012)